Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 60-26, mediante el cual se ordena la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), en sustitución de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 356 de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La decisión presidencial responde a la necesidad de modernizar el modelo institucional del transporte terrestre masivo, mediante la separación clara y eficiente de las funciones de operación y mantenimiento de los sistemas, de las actividades relativas al desarrollo y ejecución de la infraestructura.
En ese sentido, las funciones operativas y de mantenimiento de los servicios de transporte masivo serán asumidas por la EMT, mientras que el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) se encargará de manera exclusiva de la planificación, construcción y ejecución de la infraestructura necesaria para su crecimiento y sostenibilidad.
De forma complementaria, el Decreto 55-26 fortalece institucionalmente a la Empresa de Transporte Energético de la República Dominicana (ETED) como entidad pública estratégica, garantizando su continuidad jurídica y patrimonial, e integrando estándares modernos de gobernanza, mayor autonomía técnica, así como mecanismos robustos de rendición de cuentas, en sintonía con la transición energética y los procesos de digitalización de la infraestructura pública.
La creación de la EMT y la supresión gradual de la OPRET apuntan a una transición ordenada y responsable que preserve la operatividad de los servicios y garantice el bienestar de los usuarios. El nuevo marco institucional busca, además, optimizar la eficiencia operativa, la transparencia administrativa y la sostenibilidad del sistema de transporte masivo, pilares fundamentales para fortalecer la movilidad urbana y responder a las demandas de la población.
El decreto establece un proceso expreso de supresión y liquidación institucional de la OPRET, orientado a asegurar una transición jurídica, administrativa y operativa fluida. Este proceso contempla la transferencia organizada de activos, contratos y relaciones jurídicas vigentes, sin interrupciones en la prestación del servicio público de transporte masivo.
Asimismo, la disposición presidencial garantiza la protección del personal afectado por la reforma, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, y dispone la conformación de una Comisión Especial encargada de dirigir, supervisar y acompañar todo el proceso de reforma y liquidación institucional, evitando cualquier afectación a los usuarios durante la transición.
Con estas determinaciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la mejora de los servicios públicos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país a través de un transporte masivo más eficiente, articulado y centrado en las necesidades de la ciudadanía.
