Continuarán hoy Medida de coerción contra hermanos Espaillat por tragedia del Jet Set

Continuarán hoy Medida de coerción contra hermanos Espaillat por tragedia del Jet Set

Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este miércoles, a las 11:00 a. m., la audiencia para decidir las medidas de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro de diversión Jet Set, implicados en el colapso del techo del establecimiento el pasado 8 de abril, que provocó la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva por 18 meses para Antonio y arresto domiciliario para Maribel, al tiempo que pide que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de los daños y el número de víctimas. Ambos fueron arrestados el jueves anterior tras ser interrogados por el director de Persecución, Wilson Camacho.

Según la acusación, los hermanos actuaron con “grave negligencia e irresponsabilidad” al ignorar advertencias sobre fallas estructurales, priorizando el lucro por encima de la seguridad. La Fiscalía afirma que desoyeron alertas de empleados, como un mensaje enviado el mismo día del derrumbe, en el que se advertía sobre desprendimientos del techo. Horas más tarde, se celebró un concierto con cientos de asistentes.

El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario, obstrucción de la justicia y posible manipulación de testigos, respaldado por pruebas documentales y testimonios que señalan un patrón de descuido sistemático en el mantenimiento del local durante décadas. Se documenta incluso la eliminación irregular de una columna de soporte y la colocación de elementos pesados en el techo sin supervisión profesional.

A la fecha, se han presentado 108 querellas en su contra, incluyendo las de las hijas del fallecido artista Rubby Pérez. Las víctimas exigen justicia y denuncian también la responsabilidad del Estado y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por fallas en supervisión y fiscalización.

El proceso judicial continúa bajo alta expectativa pública, mientras los querellantes exigen que los hechos sean recalificados como homicidio doloso, con penas de hasta 20 años de prisión.