Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 21 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, aumentando de un 25 % a un 30 % el porcentaje del presupuesto municipal destinado al pago de nóminas y remuneraciones del personal administrativo y de los funcionarios electos.
Inicialmente, la iniciativa legislativa fue concebida para subsanar un vacío jurídico en la línea sucesoral de los gobiernos locales, tras la renuncia del alcalde del municipio de La Vega, Kelvin Cruz, y la posterior dimisión de la vicealcaldesa Amparo Custodio, lo que provocó un vacío institucional temporal. No obstante, las disposiciones referentes a la sucesión de autoridades fueron retiradas del proyecto, quedando únicamente la modificación presupuestaria.
La reforma aprobada establece que el 30 % de los fondos municipales se destinará al pago de personal administrativo, incluyendo a alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distritos municipales. El restante 70 % se distribuirá entre infraestructura (65 %) y programas sociales orientados a salud, educación y género (5 %).
Durante el debate, el diputado Juan Medina propuso y logró la eliminación del párrafo primero del artículo 21, el cual restringía la utilización de los ingresos propios recaudados por los ayuntamientos exclusivamente al financiamiento de los servicios que originaban dicho cobro. Esta modificación permitirá una mayor flexibilidad presupuestaria, aunque también abre el debate sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la mejora de los servicios públicos municipales.
Asimismo, el proyecto establece como mecanismo de fiscalización que la Cámara de Cuentas realice auditorías anuales para verificar el cumplimiento del esquema de distribución establecido. Las violaciones a esta normativa podrán acarrear sanciones penales de hasta cinco años de prisión y multas equivalentes de cinco a veinte salarios mínimos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró que esta propuesta legislativa no es novedosa, dado que versiones similares han sido objeto de análisis en el Congreso Nacional desde el año 2018. La iniciativa, impulsada principalmente por las diputadas Dharuelly D´Aza y María Mercedes Ortiz, pasará ahora al Senado de la República para su conocimiento y eventual aprobación.
