Santo Domingo Este.– La rendición de cuentas del alcalde Dio Astacio no logró cerrar filas en el escenario político municipal. Por el contrario, activó una ofensiva de alto voltaje desde el bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo, que calificó el discurso oficial como la descripción de un “municipio inexistente” y advirtió que las presuntas irregularidades en el uso de suelo podrían escalar hasta los tribunales.
En una comparecencia cargada de simbolismo político, los concejales opositores cuestionaron la narrativa de “orden y bonanza” presentada en la Sala Capitular, contraponiéndola con lo que describen como una realidad marcada por abandono estructural, déficit de servicios y decisiones administrativas cuestionables. La crítica no se limitó a la retórica: fue acompañada de señalamientos concretos que buscan colocar bajo escrutinio la gestión municipal.
“El discurso no resiste contraste con la calle”, coincidieron los ediles, al sostener que basta recorrer sectores de Santo Domingo Este para desmontar la imagen de progreso expuesta por el ejecutivo local. Calles deterioradas, deficiencias en servicios básicos y un creciente desorden urbano —afirman— evidencian una brecha entre la narrativa institucional y las condiciones reales de los munícipes.
El foco: uso de suelo bajo sospecha
El punto de mayor tensión lo constituye la denuncia sobre la construcción de una plaza comercial en la avenida Charles de Gaulle, presentada por la oposición como un caso emblemático de presunta vulneración de las normativas urbanísticas. Según el bloque, los procedimientos de aprobación no han cumplido con los estándares de transparencia ni con los criterios técnicos establecidos.
En ese contexto, los regidores señalaron directamente la gestión administrativa en el área de uso de suelo, advirtiendo que, de no producirse una revisión inmediata del proceso, procederán a accionar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La advertencia no es menor: coloca el conflicto en el umbral de una judicialización que podría reconfigurar el debate público sobre el ordenamiento territorial en el municipio.
Una oposición que se posiciona desde la fiscalización
La postura fue respaldada por figuras como Avelino Rodríguez, Luis Flores, Walkiria Jiménez, Francisco Terrero, Yanilca Fortuna y Monserrat Calderón, con el impulso político de Emmanuel Félix, quienes asumieron una línea discursiva cohesionada: reivindicar el rol fiscalizador del Concejo de Regidores frente a lo que consideran decisiones discrecionales del ejecutivo.
Más que una crítica coyuntural, el bloque intenta instalar una narrativa de vigilancia permanente. “El municipio moderno no se construye con discursos, sino con respeto a la ley”, sostienen, al tiempo que alertan sobre el caos del tránsito y la inseguridad vial que —según su versión— persisten en las principales arterias, pese a los esfuerzos oficiales por proyectar estabilidad financiera y operativa.
Transparencia vs. discrecionalidad: la disputa de fondo
En el trasfondo del enfrentamiento subyace una disputa mayor: el control del relato sobre la gestión municipal y la legitimidad de las decisiones urbanísticas. Mientras el alcalde apuesta por consolidar una imagen de eficiencia institucional, la oposición busca erosionarla posicionando casos que, a su juicio, evidencian una administración distante de la legalidad y las prioridades ciudadanas.
El bloque de la Fuerza del Pueblo fue enfático en su advertencia final: no permitirá que proyectos de alto impacto continúen aprobándose bajo criterios que consideran opacos. “El éxito institucional no se proclama, se demuestra cumpliendo la ley”, sentenciaron.
Con este episodio, Santo Domingo Este entra en una nueva fase de confrontación política, donde la rendición de cuentas deja de ser un acto protocolar para convertirse en un campo de batalla narrativo, legal y estratégico, en el que cada decisión administrativa podría tener consecuencias más allá del ámbito municipal.
